El Instituto de Transparencia de México ayudó a periodistas a descubrir corrupción y malas prácticas: ¿Cómo se hará periodismo de investigación cuando desaparezca?

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes que estudiaban para ser maestros en Ayotzinapa, un pequeño pueblo del sur de México, desaparecieron.

Pasarían años hasta que se descubriera la verdad sobre lo que les sucedió, y para unir las piezas fueron cruciales los periodistas de investigación que utilizaron las leyes nacionales de transparencia para descubrir lo que sucedió esa noche.

Zorayda Gallegos Valle, colaboradora de El Universal, uno de los periódicos más importantes de México, solicitó documentos relacionados con el caso a través del Instituto para la Transparencia de México. Tras su solicitud, la organización obligó a la entonces Procuraduría General de la República a entregar un expediente de más de 52,000 páginas, incluyendo documentos que revelaban graves deficiencias en la seguridad de la escena del crimen.

El periodismo venció el silencio y un año después de la tragedia, el gobierno se vio obligado a poner el expediente a disposición de los medios de comunicación.

Si bien los documentos no aportaron todas las respuestas, ayudaron a descubrir los detalles de cómo los estudiantes de la escuela normal rural se convirtieron en víctimas tanto de la policía local, como de organizaciones criminales y de las fuerzas de seguridad, y revelaron que la versión oficial contada por las autoridades no coincidía con lo que constataba en registros.

Fin de una era

El organismo clave para la divulgación de los documentos del caso se llama oficialmente Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, organismo conocido como INAI.

Si bien el caso Ayotzinapa fue uno de los más importantes en México en los últimos años, periodistas y ciudadanos han estado utilizando al INAI para investigar irregularidades en todo el país durante años.

Pero el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador argumentó que el INAI se había convertido en una carga financiera cada vez mayor y en marzo, después de un largo debate, el organismo fue eliminado.

Con la desaparición del INAI, se ve amenazado el acceso a documentos, archivos e información clasificada, claves para visibilizar los problemas estructurales de corrupción, impunidad y opacidad del país.

El gobierno insiste en que la disolución del organismo no limitará la transparencia: “la desaparición del INAI no significa que vaya a desaparecer la transparencia en el gobierno”, dijo recientemente la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero la medida ya tiene a los periodistas de investigación en alerta y lamentando lo que se podría perder.

Una garantía perdida

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se promulgó en 2002, y el INAI, como organismo autónomo, garantizó su independencia de los intereses del Poder Ejecutivo. A través de plataformas como Infomex y la Plataforma Nacional de Transparencia, cualquier ciudadano, periodista o no, podía solicitar información a las instituciones públicas.

Con la desaparición del INAI y las reformas constitucionales relacionadas, ahora será el propio gobierno a través de la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno quien decida si proporciona o no la información solicitada.

Periodistas y especialistas en transparencia han calificado esto como un serio revés, temerosos de que trasladar decisiones y autorizaciones de transparencia “internamente” afecte la independencia y obstaculice los mecanismos que fueron diseñados para garantizar la rendición de cuentas.

“Es probable que cuando alguien solicita información y esa dependencia tenga que intervenir, sea una intervención parcial o en contra del solicitante”, advierte la reportera Zorayda Gallegos Valle, quien en 2016, junto con Silber Meza Camacho, ganó el Premio Nacional de Periodismo por su reportaje sobre el caso Ayotzinapa.

La reportera Zorayda Gallegos Valle se especializa en acceso a la información pública y apertura de expedientes confidenciales sobre temas de justicia, corrupción y rendición de cuentas. Imagen: Cortesía de Gallegos Valle.

Gallegos Valle afirma que otra gran preocupación es que el requisito para solicitar documentación ha cambiado. Si bien antes esto permitía la divulgación de información relacionada con la corrupción y graves violaciones de derechos humanos, ahora el requisito se ha elevado.

“Ahora tendrán que existir ‘actos de corrupción verificables’ y sentencias firmes para que entreguen la información”, dijo. “En países como México, donde la impunidad es del 98% y las condenas por corrupción son poco frecuentes, esto supondrá un gran impedimento para acceder a documentos que antes podíamos conseguir”.

En 2024, con el apoyo de la organización Quinto Elemento Lab , Gallegos Valle publicó la investigación “Jueces sin castigo”, que documenta cómo, durante dos décadas, los miembros del poder judicial mexicano no sancionaron a jueces y magistrados implicados en corrupción, acoso sexual y otros delitos. Todo esto fue posible gracias a cientos de solicitudes de acceso a la información. Realizar ese tipo de investigación hoy en día sería casi imposible, afirma.

“La información que se podía solicitar a la Fiscalía General de la República sobre investigaciones de corrupción, como contratos, debía ser entregada bajo el antiguo régimen”, dijo. “Pero con las reformas a la ley, es muy improbable que lo hagan”.

Investigaciones suspendidas

Valeria Durán, reportera de investigación de la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, también está preocupada por la desaparición del INAI.

Desde 2016 se ha enfocado en investigar feminicidios en México, y una parte importante de la información que requiere para su trabajo proviene de archivos y documentos legales obtenidos a través de solicitudes de transparencia.

Para su informe Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidio, elaborado con el apoyo de Connectas, accedió a información pública de todas las fiscalías de México.

“Sin acceso a la información pública, nunca habría obtenido las cifras de las fiscalías y no habría sido posible conocer cuántos asesinatos de mujeres fueron catalogados como homicidios dolosos”, afirmó.

Durán también publicó una investigación que detalla cómo muchos asesinos de mujeres en México fueron liberados a pesar de haber sido procesados ​​por este delito.

«Pudimos acceder a los expedientes de investigación de casos ya cerrados; eso no habría sido posible sin acceso a la información pública. Ahora hay una enorme incertidumbre sobre cómo funcionará y qué sigue. Estamos paralizados, porque cuando enviamos una solicitud, no pasa nada», dijo.

Lilia Saúl Rodríguez, reportera de investigación del Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP por sus siglas en inglés), también lamenta la desaparición de la agencia de transparencia de México, que dice fue fundamental para obtener documentos que prueban la malversación de fondos públicos.

Imagen de portada del Cuaderno de Transparencia n.º 5, publicado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) de México. Imagen: Captura de pantalla.

Utilizó la agencia para obtener informes sobre los desembolsos multimillonarios que el gobierno hizo durante las celebraciones del bicentenario de la independencia de México, encontrando contratos con numerosas irregularidades.

“Hubo actos de corrupción que se revelaron gracias a periodistas que presentaron solicitudes de acceso a la información y el INAI nos ayudó a abrir toda esa documentación”, afirmó.

Lilia Saúl en 2011 ganó el Premio Nacional de Periodismo por su reportaje “La Secretaría de Seguridad Pública paga 118 millones de pesos por una serie de televisión”, una investigación publicada en El Universal que reveló que el gobierno mexicano había gastado aproximadamente 6 millones de dólares en la filmación de una telenovela.

“El momento álgido fue cuando pedí información sobre los contratos que había hecho el gobierno con Televisa para hacer propaganda y promover todo lo que estaban haciendo con su guerra contra el crimen organizado, [y encontré] esta telenovela pagada con fondos públicos para enaltecer el trabajo del gobierno”, dijo la periodista.

La pregunta que está en boca de muchos periodistas: ¿estará el Gobierno dispuesto a revelar documentos similares cuando a la vez son objeto y juez de solicitudes de transparencia?

Bloqueos en la información 

Para el politólogo Héctor Sebastián Arcos Robledo, analista de datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la decisión de cerrar el INAI representa un retroceso importante.

«Esto tiene un impacto significativo en el periodismo. Este cambio supone un duro golpe para los periodistas que ejercen sistemáticamente su derecho de acceso a la información para realizar investigaciones, verificar datos y ejercer su labor de supervisión de las autoridades públicas».

Arcos Robledo sostiene que México ha pasado de tener un órgano autónomo, colegiado y especializado a tener una secretaría cuyo liderazgo será designado directamente por la presidencia de México.

“¿Cómo podemos confiar en una institución que reporta jerárquicamente al mismo poder que se supone debe supervisar? Es imposible; existiría un incentivo perverso que comprometería gravemente la imparcialidad de las decisiones y facilitaría la subordinación a intereses políticos”, afirmó.

También expresa su preocupación por las modificaciones a la ley de transparencia aprobadas junto con la disolución del INAI y la inclusión de motivos para que el gobierno retenga información que antes era pública.

“La nueva ley amplía las razones para retener información pública; introduce conceptos vagos y subjetivos como ‘paz social’, ‘actos de corrupción comprobados’ o ‘perjuicio a los intereses del Estado’”, afirmó. “Estos términos ambiguos servirán para denegar discrecionalmente el acceso a información que resulta incómoda para el gobierno”.

El politólogo Sebastián Arcos Robledo advierte que la disolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública supone un duro golpe para el periodismo mexicano. Imagen: Cortesía de Arcos Robledo.

Soledad Durazo Barceló, periodista y profesora de la Universidad de Sonora, coincide en ese punto: las mismas agencias potencialmente investigadas estarán involucradas en decidir si hay mérito en compartir archivos.

En febrero, Durazo publicó un libro sobre este tema, “Periodismo persistente: lo que hay después de la negativa a dar información” , en el que analiza cómo el trabajo del INAI fue crucial para permitir que los periodistas de investigación accedieran a datos, documentos, archivos e informes.

Los mecanismos de transparencia garantizados bajo el antiguo régimen, dijo, significaban que “cuando a los periodistas de investigación se les negaba el acceso, podían recurrir a medios legales para impulsar sus solicitudes, y el INAI los obligaba a abrir los archivos”.

En el pasado, dijo, el gobierno había “agotado” numerosas vías para tratar de evadir el suministro de información, lo que hace improbable que las mismas agencias se conviertan repentinamente ahora en evangelistas de la información abierta, sugirió.

O, para decirlo con sus propias palabras: “Dudo mucho que el Estado se pegue un tiro en el pie”.

Priscila Cárdenas es periodista de investigación y docente, radicada en Sonora, México. Se especializa en temas de acceso a la información, rendición de cuentas y transparencia. Fue editora en Border Hub, es responsable del periodismo de investigación en la plataforma digital Proyecto Puente y supervisa el Observatorio de Acceso a la Información Pública de Sonora. En 2019, ganó un premio nacional de periodismo en México y recibió una mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa por una investigación publicada por Connectas, Proyecto Puente y Aristegui News.